La semana pasada acudíamos al
juzgado a donde nos habían citado para ratificarnos en la
denuncia que presentamos en su día contra Unelco-Endesa por
el acto, a nuestro modo de ver criminal, de no haber sustituido unas
torres podridas que la misma empresa -y el Gobierno- reconocían
en 1996 que podían poner en peligro la vida de las personas.
Casi cuatro meses después de
que esas torres podridas estuviesen a punto de provocar una tragedia,
la prepotencia multinacional eléctrica -que Aznar en su día
medio regaló a un compañero de pupitre en el colegio-
ha comenzado a retirarlas cuando aún no ha terminado de sustituir
las torres podridas que aún quedan en pie.
Desconocemos si el juzgado de Güímar,
donde presentamos la denuncia, habrá tomado medidas cautelares
o habrá autorizado que esas pruebas sean retiradas de la zona,
porque de su análisis depende probablemente el esclarecimiento
de un delito tipificado en el código penal, a nuestro modesto
entender. No sabemos, tampoco, si políticos como Javier Abreu,
que en su día aseguraron que en algunas líneas se había
aumentado la sección de los cables sin rectificar y reforzar
los soportes, habrán acudido, como procede, al juzgado a presentar
la correspondiente denuncia como hicimos nosotros. Y es que lo alucinante
del caso es ver cómo estos políticos que tenemos se dediquen
a animarnos a los ciudadanos particulares a acudir a los tribunales
cuando ellos se hacen los locos, de una forma tan descarada, cuando
las denuncias les pueden perjudicar en sus intereses. Y es que no tienen
vergüenza ni la conocen.
