Anticorrupción investiga delitos urbanísticos
R.R. Santa Cruz de Tenerife
La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía
Anticorrupción sobre la operación urbanística para
recuperar la playa de Las Teresitas para uso público podría
destapar un nuevo caso de corrupción y clientelismo en Canarias.
La Fiscalía está mirando con lupa el asunto y en Tenerife
el nerviosismo de políticos y empresarios es más que evidente.
Las sucesivas operaciones de compraventa de los terrenos de la playa
de Las Teresitas se han hecho siempre bajo los focos de la luz pública.
Todos los movimientos empresariales y políticos se han conocido
con profusión de detalles al día siguiente de producirse
o incluso antes. Se sabe cómo se gestó la compra de los
terrenos del frente de playa y del Valle de Las Huertas y cómo
y en qué condiciones el Ayuntamiento de Santa Cruz recuperó
para el uso público todo el frente de playa.
Quizás por eso a muchos les sorprendiera la denuncia que un
colectivo ciudadano denominado Ínsula Viable presentó
el verano pasado ante la Fiscalía para la Represión de
los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción,
más conocida como Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia expone punto por punto los pasos que dieron los empresarios
Ignacio González y Antonio Plasencia, propietarios de la compañía
mercantil Inversiones Las Teresitas SL, para adquirir, con un crédito
concedido por CajaCanarias, los terrenos de la playa de Las Teresitas
a la junta de compensación por 30 millones de euros.
Convenio
La denuncia se centra no obstante en el convenio posterior rubricado
por el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas SL para
la recuperación del frente de playa a cambio de la modificación
urbanística de los terrenos del Valle de las Huertas. Los denunciantes
consideran que el convenio fue el "pretexto perfecto para la consumación
de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgrede
todos los principios, objetivos y fines que legalmente han de inspirar
la actuación de las administraciones públicas en materia
urbanística".
Por eso entienden que los actos y decisiones municipales en torno a
esta operación "se revisten, posiblemente, de carácter
delictual que se puede calificar como irregularidades procedimentales
y económicas"·.
La operación inmobiliaria que ahora investiga la fiscal Anticurrupción
de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con el apoyo
de la Fiscalía Anticurrupción central, ha aportado a las
cuentas corrientes de Ignacio González y Antonio Plasencia más
de cien millones de euros.
Fuente:
Canarias 7, 24-04-06 (Para enterarte de las
cosas que pasan en Tenerife vamos a tener que empezar a comprar prensa
de Gran Canaria, te cagas)
18-11-05
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