Plasencia y González quintuplicaron su inversión en ocho años sin poner un euro
TERESA CÁRDENES / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Diecisiete meses disponibles para rastrear una denuncia urbanística valorada en 120 millones de euros (el equivalente a veinte mil millones de las antiguas pesetas) y ni una sola decisión. Es el resumen del kafkiano proceso que se registra en torno al llamado caso de Las Teresitas, la célebre playa de Santa Cruz de Tenerife, donde una sociedad vinculada a dos de los más importantes empresarios de esta isla logró obtener unos beneficios de 120 millones de euros sin aportar de su propio bolsillo ni una sola de las antiguas pesetas.
La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Tenerife, María Farnés, tiene una denuncia en sus manos desde junio de 2005. Han pasado 17 meses y alrededor del caso crece un larvado escándalo de naturaleza política, pero la fiscal Farnés se toma su tiempo, evita cualquier comentario a los medios de comunicación y se enroca en un único argumento: la investigación continúa y decidirá "en fechas próximas" si observa indicios delictivos y pone el caso en manos de un juez o, por el contrario, lo archiva.
30 de junio de 2005. El colectivo Insula Viable, integrado por militantes de base del Partido Socialista, presenta a la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos (Anticorrupción) una denuncia que detalla todos los indicios de irregularidad que observa en la operación urbanística de Las Teresitas. La denuncia se sustancia sobre la intervención de tres actores. El primero, Inversiones Las Teresitas (ILT), una sociedad vinculada a dos pesos pesados del empresariado tinerfeño, el constructor Antonio Plasencia e Ignacio González, actual presidente de la Cámara de Comercio. El segundo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, firmante con los primeros de un convenio urbanístico sin el cual jamás habría fraguado el multimillonario negocio de Inversiones Las Teresitas. El tercero, otro auténtico poder fáctico de la sociedad tinerfeña, CajaCanarias, que prestó el dinero con el que arrancó la polémica operación urbanística.
La secuencia temporal de los hechos ya es de por sí elocuente. Inversiones Las Teresitas se constituye el 24 de junio de 1998 y en sólo 48 horas consigue un préstamo de alto riesgo de CajaCanarias por valor de 33 millones de euros (5.500 millones de las antiguas pesetas), dándose la paradoja de que en el consejo de administración de la entidad financiera figuraba como miembro el propio Ignacio González. El mismo día, ILT compra por 30 millones los terrenos de Las Teresitas a la Junta de Compensación que manejaba los terrenos anexos a la playa y sólo tres días después, otra curiosa coincidencia temporal, el Tribunal Supremo emite una sentencia que rebaja las expectativas edificatorias en el frente de playa, aunque permite levantar 6 hoteles de nueve plantas y dos centros comerciales. Tres años más tarde, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprueba por unanimidad un convenio urbanístico por el que compra a ILT el frente de playa por 52 millones de euros (8.750 millones de pesetas) y pacta con Inversiones Las Teresitas la recalificación del suelo que ésta se reserva en la zona conocida como Valle de Huertas.
En efecto, la recalificación reconvierte el uso de este suelo de extrahotelero a residencial. El Ayuntamiento adelanta a ILT el 65% de lo estipulado en el convenio y la sociedad enjuga su deuda con CajaCanarias. En 2004 se formaliza la modificación del plan parcial, que recalifica el suelo de Valle de Huertas, e Inversiones Las Teresitas vende el 90% de los terrenos a la división inmobiliaria de una aseguradora por 96,1 millones de euros (16.000 millones de pesetas). En ocho años y sin gastar ni un euro, Inversiones Las Teresitas ha quintuplicado el valor de su inversión y obtenido un beneficio de 120 millones de euros.
La historia de la denuncia
La secuencia. Inversiones Las Teresitas SL se crea el 24 de junio de 1998. Dos días después logra un crédito de 33 millones de euros de Cajacanarias y compra por 30 millones el suelo edificable a la Junta de Compensación de Las Teresitas. Sólo tres días después, el Tribunal Supremo revalida el derecho a edificar en el frente de playa seis hoteles y dos centros comerciales. En 2001, el Ayuntamiento compra a ILT el frente de playa por 52 millones y le garantiza una recalificación del suelo que se había reservado la empresa. Con ese suelo ya convertido en residencial, ILT vende a un tercero el 90% de los terrenos por 96 millones de euros. En ocho años ha pedido y devuelto un préstamo de 33 millones de euros y ha ganado a cambio 120 millones.
La especulación. En su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, Insula Viable sostiene que los términos del acuerdo de compra del Ayuntamiento a ILT "suponen un supuesto evidente de especulación inmobiliaria contrario a los intereses públicos y con beneficios injustificados para la parte vendedora" cuya repercusión recae sobre los ciudadanos de Santa Cruz. Además, denuncia que el acuerdo creó la falsa apariencia de que ILT sólo obtenía como beneficio el sobrecoste del llamado frente de playa (22 millones), sin alusión a las contrapartidas multimillonarias que obtenía la sociedad a través de la recalificación del suelo que siguió en su poder.
La ampliación. En el mes de octubre de 2005, Insula Viable amplió su denuncia al conocer la venta que ILT realizó a una inmobiliaria por valor de 96 millones de euros. Los denunciantes entienden que el precio final estaba influido por la inversión pública en la zona, que sitúa en 48 millones de euros, y que ILT multiplicó por cinco su inversión "sin haber realizado ningún tipo de trabajo en esas parcelas, ni inversión alguna que justificase la magnitud de sus beneficios" y sin compensar al municipio.
A la espera de la fiscal
En medios judiciales, el retraso de Farnés en el caso de Las Teresitas es injustificable
¿Qué ha hecho María Farnés en los 17 meses transcurridos desde que Insula Viable denunciara la operación urbanística de Las Teresitas ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos? De entrada, salvaguardar bajo una losa de secreto casi invulnerable todas sus actuaciones y dilatar la investigación, lo que le ha granjeado no pocas críticas por supuesta desidia, lentitud e impericia.
Sus detractores le censuran que no empezara a tomar medidas hasta muchos meses después de formulada la denuncia. Seguir el rastro de sus actuaciones no es fácil. Se sabe, sin embargo, que desde el mes de agosto de 2005 la fiscal María Farnés empezó a reclamar y a recibir documentación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al que se ha dirigido hasta en ocho ocasiones diferentes para solicitar información relativa al expediente: desde el convenio por el cual el Ayuntamiento compró el frente de playa a Inversiones Las Teresitas SL (ILT), a la recalificación del suelo que esta empresa se reservó en la zona conocida como el Valle de Huertas.
Reclamo a CajaCanarias
Farnés reclamó igualmente a CajaCanarias todo el expediente del crédito concedido a ILT para la compra del suelo de Las Teresitas a la Junta de Compensación. Aunque en materia bancaria fue más allá y solicitó a diferentes entidades extractos de movimientos en cuentas vinculadas a varios de los actores que participaron en la operación de Las Teresitas: desde los empresarios Antonio Plasencia, Ignacio González y su hijo Pedro González Santiago, a los políticos Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Manuel Parejo, concejal de Urbanismo cuando se firmó el polémico convenio con ILT. Más recientemente, la fiscal demandó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial un informe sobre Las Teresitas, que este departamento emitió con la conclusión final de que no observaba ninguna irregularidad formal. Después del verano y por orden de Farnés, personas vinculadas a la investigación celebraron una reunión con los denunciantes del caso, aunque en ella se hiciera poco más que informar al colectivo Insula Viable que el caso estaba siendo analizado, sin concretar detalle alguno. Desde entonces, este colectivo no ha vuelto a tener noticias de la Fiscalía.
En medios conocedores del caso sí se da por hecho, sin embargo, que la investigación, que arrancó a medio gas, se reactivó justamente después del verano, en teoría por una intervención directa de la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid, que se ocupa que coordinar y hacer un seguimiento a lo que hacen todos y cada uno de sus delegados periféricos.
Las opiniones sobre Farnés
Las opiniones sobre la gestión de Farnés no son siquiera coincidentes en medios judiciales. Para unos, su retraso en tomar una decisión sobre Las Teresitas es injustificable. Para otros, es la meticulosidad y profesionalidad de la fiscal la que está provocando la demora. Desde fuera se censura a Farnés que incumpla el mandato del Estatuto fiscal de tomar una decisión en un plazo máximo de seis meses. Desde dentro se da por hecho que Farnés cuenta con el beneplácito de Madrid para sucesivas prórrogas de este plazo, dada la gran complejidad de la investigación.
¿Un gran olfato empresarial o un enriquecimiento injusto?
¿Qué movió la operación de Las Teresitas? ¿Un gran olfato empresarial de dos expertos en amasar fortunas, como Antonio Plasencia e Ignacio González, o una presunta maquinación para un enriquecimiento injusto a costa de dañar los intereses generales a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife?
El alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, prefiere mantener un escrupuloso silencio mientras no exista una decisión de la fiscal anticorrupción. Desde el Ayuntamiento se sostiene en todo caso la tesis de que un único objetivo, recuperar el frente de playa e impedir que se consolidaran en él los derechos edificatorios de seis hoteles y dos centros comerciales, constituyó la base sobre la cual se articuló el convenio firmado en su momento con Inversiones Las Teresitas.
De acuerdo con esta interpretación, ni la corporación que aprobó en pleno aquel convenio ni su presidente tuvieron nada que ver con algunos de los ejes sobre los cuales se consolidó el multimillonario negocio de ILT, entre ellos la compra de los terrenos a la Junta de Compensación o la concesión del crédito de CajaCanarias.
Miguel Zerolo era en ese momento miembro del consejo de administración de la entidad de ahorro, pero cuando se sometió a votación la polémica operación se encontraba en Bolivia. En las antípodas, los denunciantes sostienen que ILT jamás habría podido quintuplicar su inversión sin "el concurso imprescindible" del Ayuntamiento capitalino.
La fiscal anticorrupción en Tenerife, María Farnés, sigue mientras sin decidirse ni emitir una decisión sobre este caso. Es tan discreta que ni siquiera permite que la fotografíen los medios de comunicación. Su lentitud con el caso Las Teresitas la ha convertido en víctima de opiniones para todos los gustos: desde quienes justifican su meticulosidad, hasta quienes consideran que bordea la ilegalidad en la gestión de la denuncia.
Fuente: La Opinión de Tenerife, 03-12-06
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