José Miguel Pérez
Las Palmas de Gran Canaria
La vieja momia del pleito insular saca de nuevo a relucir sus andrajos. Los dirigentes de ATI reproducen estos días la vetusta coartada para tapar el origen real de sus problemas. Han vuelto a recurrir a la sempiterna excusa en su más puro sentido y, esta vez, para ocultar lo que han estado haciendo algunos de ellos estos años: gestar un sistema de poder que desnaturaliza la autonomía y la democracia. Las reduce a meras palabras porque con aquel sistema de control social impiden su desarrollo y la posibilidad de crear en las islas unas reglas del juego abiertas. Una sociedad regida por el principio de igualdad, sin el privilegio de unos ventajistas convertidos en parásitos de las instituciones públicas.
La treta del pleito insular.
El pleito insular -o el llamado problema canario a principios del siglo XX- responde a una vieja treta política. Es aquella que pretende desviar siempre la atención con el fin de que los miembros de una sociedad no reconozcan las raíces de los problemas que les atenazan. Para lograr tal propósito recurren a la invención de un enemigo externo común. A él se le atribuye el origen de los males propios. De esta forma, mientras los incautos se entretienen con el señuelo, los aprovechados campan a sus anchas, mantienen sus privilegios a costa de la mayoría y manipulan en su favor las conciencias para que no vean en esos privilegios las auténticas causas de los problemas sociales.
El origen de ATI responde a estas coordenadas. Ante el cambio democrático y la previsible descentralización autonómica, que planteó en las islas por vez primera una solución cohesionada para el Archipiélago, los herederos del viejo régimen rescataron el nunca perdido pleito isleño y desde sus rancios argumentos fundaron su opción política isloteñista. Más tarde la revistieron de un nacionalismo que, sin embargo, era capaz de convivir con toda la simbología de la dictadura, sin miramientos de ningún tipo.
Nombres de calles y monumentos conservaron su vigencia porque, en el fondo, los nuevos rectores se limitaron a readaptar el sistema de poder, incrustándolo en el nuevo sistema político. En realidad nunca creyeron en el avance de la democracia, ni en la autonomía. Su objetivo no ha sido un gobierno para Canarias cuya acción se sustentase en la regla de oro de toda gestión ejecutiva: dar respuestas a las demandas priorizando las decisiones en función de los problemas.
Su manera de entender el gobierno se refleja mejor con el vocablo equilibrio, un principio que siempre ha hecho imposible el buen gobierno autonómico. Equilibrio en lugar de prioridades sirve para encubrir privilegios para unos pocos en lugar de dar respuesta a los intereses generales. Este ha sido el verdadero problema, el lastre principal del desarrollo autonómico isleño en unas décadas de enormes posibilidades para el autogobierno.
Como en tantas otras ocasiones anteriores, los herederos del isloteñismo usaron como trampolín la teoría del despojo y falsearon la palpable personalidad que posee cada isla en el Archipiélago. Lo primero les llevó a colocar por encima de las personas el territorio imaginario. Convertir a la isla en un supuesto todo homogéneo, cuyos rasgos específicos definían muy bien los privilegios de unas minorías. Ocultaban que en cada isla hay diversidad de situaciones. Grupos y clases sociales cuya realidad desborda la pretensión ilusa de una patria común en miniatura.
En lo relativo a las evidentes diferencias entre islas, crearon la idea del agravio y la paranoia de la primacía a toda costa. Todavía en la actualidad hay quien reitera cada día y con delirio ridículo la historia inventada de unas islas convertidas en personajes que se envidian y ofenden entre sí. Un sermón que todavía sustenta el objetivo secular de sembrar la discordia entre los ciudadanos insulares.
Jueces, fiscales y canariones.
El esperpento del viejo fantasma pleitista ha tenido esta semana una cima notable. Ante la actuación de los poderes judiciales sobre hechos que hayan podido cometer algunos responsables públicos de ATI, la puesta en escena de éstos dirigentes evidencia el ínfimo nivel que alcanza en ellos el funcionamiento del Estado social y democrático de derecho.
Se han lanzado a tumba abierta contra fiscales y jueces. Los acusan de estar sometidos a la directriz política de la nueva gran amenaza: el Ministro de Justicia. Pero, como de repente no les sale bien el argumento de negar las garantías constitucionales y la separación de poderes públicos, recurren a la vieja momia. La raíz de los problemas no son los hechos que se investigan por el poder judicial. La causa es...: el canarión. El nuevo enemigo externo cuya esencia mezcla el ministerio con la cuna grancanaria.
La nueva treta consiste en reducir las presuntas acciones de corrupción a una conspiración urdida desde Gran Canaria -o Las Palmas- para dañar a otra isla. Claro que en la primera todavía encuentran un aliado que les da la razón en el delirante argumento. Un presidente del PP canario que se cargó un partido de alcance regional y cuyo proyecto político, una vez frustrado el intento de emular a ATI en su isla, se limita a servirle de felpudo.
Ante el avance del Estado de derecho, el viejo recurso al pleito insular no servirá para tapar las corruptelas a nadie. Librarse de ellas, eliminar de las islas el perverso uso de las instituciones debe ser el primer paso para hacer posible el autogobierno político de una sociedad llena de oportunidades de futuro.
