Inversiones Tahodio cedió, a cambio, terrenos no aptos para ser edificables
C. RUANO / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Manuel Parejo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, y José Ana Pérez Labajos, por Inversiones Tahodio, firmaron un convenio urbanístico en diciembre del año 2000 mediante el cual la corporación se comprometía a recalificar como urbanizables dos fincas rústicas a cambio de la cesión de otra parcela -no apta para ser edificable- para reforestación de uso público.
Manuel Parejo y José Ana Pérez Labajos están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el juez Baltasar Garzón dictara un auto para que se investigara un supuesto cobro de comisiones por la concesión del Parque Marítimo de Anaga y la recalificación de dos parcelas en Valle Tahodio. De hecho, los primeros intentos de urbanizar la zona datan de la década de los 90, aunque no es hasta diciembre de 2000 cuando se firma el convenio urbanístico, que aparece en el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife, que deberá ser aprobado definitivamente por el pleno de la corporación.
El documento del convenio urbanístico, recogido en el PGOU, señala que a instancias de Inversiones Tahodio se propone la reclasificación de terrenos en Valle Tahodio, en concreto de dos fincas rústicas que pasarían a ser urbanizables "ya que el suelo es contiguo respecto a los terrenos clasificados como urbanos y cuanta con los servicios urbanísticos propios de esta clase de terreno".
El convenio establecía un aprovechamiento de 130.000 metros cuadrados para Inversiones Tahodio y que el 85 por ciento del suelo ordenado se destinara a edificaciones de venta libres
Terreno no edificable
A cambio, Ia sociedad cedía al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "para su destino a reforestación de uso público", de más de 300.000 metros cuadrados de las fincas objeto del convenio, y se reconcía que "no son edificables por encontrarse con desniveles superiores al 50 por ciento". Asimismo, Inversiones Tahodio se comprometía a "completar y ejecutar la urbanización del suelo que reste para convertirlos en solares aptos para edificar".
La existencia de una operación para recalificar el suelo en Tahodio aparece en el auto del juez Baltasar Garzón, que menciona la existencia de un fax, de julio de 2005, en el que el arquitecto Julio Aumente, señala que "el proceso de recalificación está muy personalizado en la íntima relación de José Ana/Miguel Zerolo" y añade un comentario en el que dice que "ya me he encargado durante el último año de buscar y establecer otras relaciones de compromiso con el señor Alcalde".
Superficie urbanizable
Lo cierto es que seis años después de firmado el convenio urbanístico aún no se han realizado actuaciones sobre las fincas rústicas, cuya superficie urbanizable se ha reducido de 130.000 metros cuadrados a 40.000. Esta situación ha motivado que el empresario Pérez Labajos haya ironizado en las últimas semanas sobre el supuesto trato de favor recibido por el Ayuntamiento, porque "al final hemos conseguido la cuarta parte de los que teníamos".
Ciudadanos de Santa Cruz se plantea pedir que se paralice el Plan General
T.C.
La organización Ciudadanos de Santa Cruz, a la que pertenecen los concejales Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, pedirá la paralización de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y las obras en la playa de Las Teresitas si la Fiscalía Anticorrupción formaliza una querella que implique al alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo, y al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.
El concejal Guimerá declaró, a la espera de la decisión final que adopte la Fiscalía Anticorrupción, que si ésta formula denuncia o querella por el caso Las Teresitas, el alcalde de Santa Cruz y su concejal de Urbanismo quedarán automáticamente "bajo sospecha". Guimerá considera que, en esas condiciones, sería impensable que siguieran tramitándose asuntos municipales de importancia capital, como la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, actualmente pendiente de aprobación provisional.
A su juicio, además de detener la tramitación del PGOU, sería necesario paralizar las obras en Las Teresitas para plasmar el proyecto del arquitecto Dominique Perrault, ganador del concurso internacional de ideas sobre la playa realizado en 2000.
Un estudio debía corregir los riesgos que impidieran urbanizar el tramo final del barranco
C.R.
Casi dos años después de que Manuel Parejo y José Ana Pérez Labajos firmaran el convenio urbanístico para la reclasificación de las fincas rústicas de Valle Tahodio, se celebra en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una reunión para encargar un estudio de riesgos naturales existentes en un área de la cuenca del barranco de Tahodio. A la reunión asisten, además del responsable del avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la capital, Juan Manuel Palerm, el empresario José Ana Pérez Labajos y el arquitecto Julio Aumente (que aparece en el auto del juez Baltasar Garzón).
Según consta en el acta de la reunión, se trata de realizar un mapa de riesgos naturales de una zona "dispuesta en ambas márgenes de un tramo final del barranco de Tahodio" con el fin de determinar las áreas que pudieran verse afectadas por fenómenos geológicos o climatológicos que impidan o dificulten el desarrollo urbano de la zona. Una vez determinadas las zonas vulnerables, según el acta de la reunión, "se estudiarán las medidas protectoras y correctoras necesarias para eliminar o reducir dicho riesgo y capacitar los terrenos para su aprovechamiento urbanístico".
Justicia advirtió a los denunciantes de Las Teresitas que no podía interferir
La Opinión
El Ministerio de Justicia, del que es titular el socialista Juan Fernando López Aguilar, advirtió en agosto de 2005 a los denunciantes de la operación urbanística de Las Teresitas ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la corrupción que no podía interferir en modo alguno en ninguna actuación del Ministerio Fiscal relacionada con este caso. Así lo indicó por escrito al colectivo Ínsula Viable, que elevó su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, María Isabel González, asesora del gabinete del ministro, en una carta que remitió en agosto del pasado año a Pablo Aznar, miembro de la comisión gestora del colectivo denunciante.
"En cuanto a la solicitud de una investigación, es necesario indicar", decía la respuesta de Justicia, "que este Ministerio, con base en los principios constitucionales aplicables, no puede interferir en el ejercicio de acciones penales por parte del Ministerio Fiscal, ni en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de jueces y tribunales, en cumplimiento del principio de separación de poderes".
Fuente: La Opinión de Tenerife, 17-12-06
Zerolo: un pacto para el progreso (Una de las cartas de 'amor' publicada en El Día de López Labajos al alcalde de Santa Cruz)
06-12-06 Fórum documentó sobornos millonarios a Miguel Zerolo para CC 
