Consideran que fue un pretexto para consumar una
operación especulativa
Un grupo de vecinos de la capital tinerfeña ha denunciado ante
la Fiscalía Anticorrupción el convenio urbanístico
de Las Teresitas, al considerar que por medio del mismo se ha consumado
"una operación inmobiliaria con fines especulativos"
que vulnera la legalidad.
Un grupo de vecinos de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia
ante la Fiscalía Anticorrupción para que ésta actúe
de oficio, al considerar que el convenio urbanístico de la playa
de Las Teresitas "se convirtió en el pretexto perfecto para
la consumación de una operación inmobiliaria con fines
especulativos que transgreden todos los principios, objetivos y fines
que, legalmente, ha de inspirar la actuación de las Administraciones
Públicas en materia urbanística".
Según el texto de la denuncia remitida a la Fiscalía,
el objetivo de dicho convenio urbanístico no debía ser
otra que la modificación del planeamiento, así como garantizar
que la mayor parte de la superficie del frente de la playa se destinaría
a espacios libres y a dotaciones públicas. Sin embargo, el Ayuntamiento
de Santa Cruz, de forma injustificada según los denunciantes,
decide abonar "el 65 por ciento del precio estipulado transcurrido
sólo un mes desde la firma del convenio".
Los denunciantes consideran que la adquisición por parte del
Ayuntamiento de los terrenos del frente de playa "suponen un supuesto
evidente de especulación inmobiliaria contrario a los intereses
públicos".
Las irregularidades económicas, según el texto de la denuncia,
se basan en hechos tales como que en el expediente administrativo no
consta "la más mínima mención al precio pagado
en su día" por los propietarios que venden los terrenos;
"no se hace mención explícita alguna a la titularidad
que ostenta la parte vendedora de las parcelas" y tampoco "a
las contrapartidas económicas que van a obtener".
Proporciones astronómicas
Los denunciantes destacan que "esta omisión intencionada
demuestra la intención de las partes de que no se computaran
los incrementos de valor de los terrenos recalificados" que, dicen,
"alcanza proporciones astronómicas". Es decir, Inversiones
Las Teresitas SL compra terrenos por valor de 5.000 millones de pesetas
y luego vende las parcelas 1 a 11 al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
" por un total de 8.500 millones de pesetas".
Asimismo, los denunciantes califican como "sorprendente e inquietante"
que la entidad mercantil Inversiones Las Teresitas SL se constituya
ante notario el 24 de junio de 1998, que dos días después
de firme el contrato de compraventa con la Junta de Compensación
-propietaria en ese momento de los terrenos- y que en esas mismas fechas,
la sociedad obtenga un crédito de CajaCanarias, "considerado
de alto riesgo", sin que estuviera aún inscrita en el Registro
Mercantil, "tal y como ordena la ley".
Finalmente, destacan que la tasación de los terrenos no se hace
por técnicos del Ayuntamiento, sino por una empresa "por
intermediación de CajaCanarias, directamente interesada en la
culminación de la compra-venta".
Una operación de "alto riesgo"
Los denunciantes consideran "impactante" el papel que ha
desempeñado en todo este asunto CajaCanarias. Así, destacan
que Ignacio González Martín formaba parte del Consejo
de Administración de la entidad financiera que concedió
el crédito a Inversiones Las Teresitas SL y que "meses después,
Ignacio González Martín aparecía como titular del
50% del capital social" de dicha entidad y "su hijo, Pedro
González Santiago, como administrador" de la misma.
En el texto de la denuncia se hace hincapié en que el préstamo
fue considerado "una operación de alto riesgo" por
el Banco de España, pero que "el Consejo de Administración
de CajaCanarias no dudó, en ningún momento, en conceder
ese crédito a la sociedad participada por uno de sus propios
consejeros".
Hacen también mención especial al alcalde de la capital
tinerfeña, Miguel Zerolo, del que dicen que "ha formado
parte del comité ejecutivo de CajaCanarias en representación
del Ayuntamiento" y que "votó favorablemente la concesión
del crédito", y dos años después, "sin
que los beneficiarios efectuaran ninguna inversión que contribuyera
a incrementar el valor de dichos inmuebles, revenden sólo el
frente de playa al propio Ayuntamiento por un precio astronómico
e injustificado y obtienen además, unas plusvalías inmensas".
Finalmente, califican de "incomprensible, que el alcalde no se
haya planteado la vía de la expropiación para adquirir
esos terrenos a un precio justificado".
Fuente: La Opinión, 01-07-05
